Impulsar las economías creativas es una pieza fundamental para la recuperación económica de los países de la región, en el escenario que enfrentamos como consecuencia de la contingencia sanitaria. Hoy nos encontramos frente a la urgencia de redoblar nuestra apuesta por políticas que promuevan la economía naranja y protejan la producción y el consumo legal de nuestros productos culturales. Este tipo de medidas son un instrumento fundamental para el fomento de nuestra cultura, que se reflejan desde el punto de vista material en la generación de empleo de calidad y de incentivos para la innovación. Según un estudio realizado por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), las industrias culturales en Europa generan hasta el 6% del PIB, en Estados Unidos hasta el 8%, mientras que en América Latina tan solo llegan al 4%. Las oportunidades de expansión son muchas y tenemos que aprovecharlas para potenciar su capacidad transformadora y coadyuvar al desarrollo sostenible y el crecimiento de la economía en general en nuestra región.
Cuando nos referimos a Economía Creativa o Naranja, hablamos directamente de los beneficios sociales, económicos y culturales que tiene la producción y distribución de contenidos, pero también se torna fundamental aludir a los retos y amenazas que enfrenta nuestra sociedad para materializarlos. En dicha tarea es imprescindible referirse al impacto negativo que tiene la piratería en estas actividades desarrolladas de manera legal por el sector audiovisual. El consumo desde sitios ilegales perjudica directamente a las economías nacionales al afectar la recaudación de los Estados; restar ingresos al mercado legal que podrían destinarse a la oferta y despliegue de más y mejores servicios; reducir puestos de trabajo y afectar a los consumidores al comprometer la calidad de los servicios que reciben y poner en riesgo su información personal. Los recursos que van a los promotores de la piratería no se utilizan para brindar servicios de calidad, no se reinvierten en innovación o en contenidos, no generan empleo formal ni están fiscalizados.
Según el informe ‘Dimensión e impacto de la piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina’, publicado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) a finales del 2020, las ganancias de la piratería de contenidos en línea podrían llegar a alcanzar los 2.000 millones de dólares anuales en la región. Este mismo informe expone cómo motores de búsqueda, redes sociales, marketplaces o app stores, funcionan en algunos casos como puentes hacia el consumo fraudulento.
La investigación realizada para el cet.la a través de Ether City (especializada en soluciones de protección de contenido) expone que en la región hubo al menos 15.6 mil millones de visitas online a sitios ilegales en 2019. En la comparación de visitas entre 1377 dominios ilegales y 31 dominios legales con acceso directo a contenido audiovisual, los dominios ilegales tuvieron un 145% más de visitas totales en seis meses.
Existen varios problemas de base, sin embargo el que más resalta es que los usuarios desconocen los riesgos que están asumiendo al acceder a estos sitios ilegales en los que abunda el malware. Según Ipsos, 1 de cada 4 personas cree que las plataformas pirata son legales. Se trata de servicios ilegales que muchas veces tienen un costo o algún tipo de pago por suscripción, lo que tiende a confundir aún más al usuario.
Se requieren esfuerzos coordinados para combatir el consumo de contenido de manera ilegal. Al respecto, son necesarias políticas encaminadas a identificar y desarticular las estructuras primarias de las redes de distribución fraudulenta. Además, son fundamentales medidas como la formación de capacidades digitales para elevar la conciencia entre los ciudadanos de los peligros a los que se exponen por consumir contenido ilegal y la construcción de acuerdos institucionalmente transversales para coordinar acciones que protejan la creación y el consumo legal. En definitiva, las políticas efectivas para la promoción de la Economía Naranja pasan, en buena parte, por la protección de nuestros contenidos, por la protección de su creación, distribución y consumo, acompañando con recursos y medios tecnológicos la difusión de los productos culturales.
En el complejo escenario que se observa a nivel global como resultado de la pandemia, ha sido notoria la importancia que la conectividad y las TIC tienen para nuestras sociedades. De manera particular, hemos presenciado como nunca, frente a la implementación de medidas de distanciamiento social, el rol fundamental que tiene el sector audiovisual para las personas y el impulso que la economía creativa merece en tiempos difíciles.
Este artículo de Maryleana Méndez, Secretaria General de ASIET, fue publicado originalmente en la Revista de ASIET: Telecomunicaciones de América Latina. Descarga la Revista completa aquí.