Ciudad de México, noviembre 19, 2024.- El director de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), Camilo Montes, advirtió de la falta de evidencia sobre la efectividad de regulaciones como los etiquetados frontales y los impuestos a productos azucarados que, al mismo tiempo, representan un desafío en una región donde 41 millones de personas sufren de hambre.
En una entrevista con EFE, en el marco del encuentro anual 23 de ALAIAB, en Ciudad de México, Montes indicó que “ninguno de los países que ha implementado estas medidas ha podido avanzar en los objetivos de salud pública”.
Por ejemplo, señaló que Chile, que fue uno de los pioneros en el etiquetado, en 2016, era el octavo país en porcentaje de obesidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y ahora está entre los dos primeros lugares, en competencia con México.
“Entonces, frente al objetivo de salud pública, no hay evidencia que por ahí sea la ruta. Sin embargo, desde México hasta Argentina, hay un debate permanente acerca de cómo regular más el sector (…) que históricamente ha trabajado de la mano de las autoridades en salud, en producción y demás para garantizar la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria, y en últimas, que los alimentos estén disponibles”, indicó Montes.
Alianza alimentaria destaca los desafíos de los gobiernos
En cuanto a las regulaciones fiscales a las bebidas y productos sólidos azucarados, Montes indicó que la evidencia científica tampoco ha demostrado “que ponerle impuestos a la comida de cualquier tipo logre tener mejores resultados en salud pública”.
El especialista colombiano apuntó que en ALAIAB saben que en toda la región “los gobiernos tienen unos desafíos fiscales y necesitan dinero para poder cumplir las promesas que han hecho, las expectativas que tiene la ciudadanía en su labor”, y el sector privado contribuye con el pago de impuestos para que esos objetivos fiscales se logren.
“En lo que nosotros no estamos de acuerdo es en pretender que con políticas fiscales se gradúen los alimentos, algún tipo de alimentos o algún tipo de bebidas como los culpables de escenarios como la obesidad, y entonces (se les ponga) un impuesto para que no se generen las enfermedades no transmisibles”, señaló.
“Ningún país de América Latina que ha puesto este tipo de impuestos a bebidas o alimentos sólidos ha podido avanzar en resultados a salud pública, o sea, no hay evidencia que muestre eso, pero si termina generando que los alimentos son más costosos”, insistió Montes.
El consumo informal
Esto lleva a los ciudadanos a tomar decisiones para afrontar el costo de los alimentos, por lo que muchos compran “lo mismo, pero más costoso, termina más apretado su bolsillo o migrando no necesariamente alimentos y bebidas con mejores perfiles nutricionales”, añadió.
También apuntó que se da un vuelco hacia el consumo informal, hacia las preparaciones callejeras, donde tampoco hay evidencia de que “ese consumo informal es mejor nutricionalmente hablando que el consumo de los productos y los alimentos y bebidas desarrollados por la industria”, que pasa por muchas regulaciones del Estado.
Asimismo, Montes advirtió del riesgo de “experimentar con el bolsillo de los latinoamericanos”, pues recordó que en la región “hay 41 millones de personas sufren hambre”.
“¿Se va a experimentar subiendo el precio de los alimentos? Si la evidencia no nos muestra que esa es la ruta, nosotros no estamos de acuerdo”, subrayó.
Montes destacó que en la región se pierde la tercera parte de toda la comida que se produce, y “si esa comida no se perdiera en América Latina no hubiera hambre”.
Sobre la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB)
ALAIAB es la organización referente y representativa de la industria de alimentos y bebidas de América Latina y El Caribe, frente a los diversos actores públicos, privados y organismos internacionales, que requieren una interacción formal institucional, técnica y política, con este sector productivo.
Somos un espacio de intercambio y cooperación entre organizaciones empresariales, orientado a la promoción de las mejores prácticas de impacto en la seguridad alimentaria, la innovación, la inocuidad, la sostenibilidad y la seguridad jurídica con la que este sector crea y comparte bienestar social, económico y ambiental.