El estudio identifica importantes avances y desafíos en la transformación digital del país y plantea una hoja de ruta para fortalecer la interoperabilidad, la gobernanza y la confianza digital como pilares de un Estado moderno.
Santo Domingo. La República Dominicana cuenta con una base sólida para acelerar su transformación digital. Sin embargo, el principal desafío consiste en consolidar un ecosistema digital integrado, interoperable, gobernado de manera coherente y centrado en las personas.
Así lo plantea el «Análisis de la Preparación Digital y Salvaguardas de la Infraestructura Pública Digital de la República Dominicana», elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El análisis concluye que el país ha logrado avances significativos en la construcción de los habilitadores de la transformación digital. Entre ellos destacan los avances en la consolidación de una Infraestructura Pública Digital (DPI) interoperable, la expansión de la conectividad nacional, el fortalecimiento de capacidades en identidad y firma digital, y el crecimiento del ecosistema de pagos digitales.
El estudio también identifica desafíos estructurales que limitan el aprovechamiento pleno de estas capacidades. Entre ellos figuran la fragmentación institucional, que dificulta la interoperabilidad y la escalabilidad de las soluciones digitales; el déficit de capacidades digitales, particularmente en el sector público; la adopción aún limitada de tecnologías avanzadas por parte del tejido empresarial; brechas en materia de protección de datos y confianza digital; y desigualdades en el acceso y las competencias digitales de los grupos más vulnerables.
El informe señala que superar estas brechas permitirá traducir la infraestructura digital en mayores niveles de productividad, generación de valor público e inclusión social.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó el avance obtenido por las instituciones públicas en la construcción y desarrollo de sus infraestructuras digitales, lo que dijo ha permitido mejorar la calidad de los servicios públicos.
“Hemos construido los cimientos, ahora corresponde consolidar la estructura. Durante décadas, los Estados invirtieron en carreteras, puertos, aeropuertos y redes eléctricas porque comprendieron que ninguna economía puede prosperar sin infraestructura común. En el siglo XXI, esa misma lógica se extiende al ámbito digital”, manifestó Freund.
En tanto, Ana María Diaz, representante residente del PNUD reiteró el compromiso del organismo internacional de seguir acompañando al país en el desarrollo y evolución de los servicios públicos.
“Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entendemos que la tecnología, por sí sola, no transforma sociedades. Son las políticas públicas, las instituciones y las decisiones que tomamos como país las que determinan si la innovación amplía oportunidades, fortalece la confianza y reduce desigualdades. Por eso, para el PNUD, hablar de transformación digital es hablar de desarrollo humano y de construir instituciones más inclusivas, confiables y centradas en las personas”, acotó Díaz.
Julio A. Ferreira, vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) destacó la importancia del sector académico en el desarrollo e innovación de nuevas tecnologías al servicio de la ciudadanía.
«Los desafíos de esta magnitud no pueden abordarse de manera aislada, se requiere cooperación y la voluntad de construir acuerdos que trasciendan intereses particulares y se traduzcan en decisiones sostenidas para el país», expresó Ferreira.
Otros resultados del análisis
En este contexto, el documento plantea la necesidad de evolucionar hacia un modelo de administración digital en el que las instituciones, los datos, las plataformas tecnológicas y las personas funcionen como un sistema articulado, respaldado por reglas claras de gobernanza, mecanismos efectivos de coordinación y salvaguardas que aseguren la sostenibilidad del ecosistema digital.
Como parte de esta visión, el estudio destaca el papel estratégico del MAP como órgano rector de la administración pública digital, responsable de orientar las políticas, estándares y lineamientos para la prestación de servicios públicos digitales, la simplificación administrativa, la innovación pública y la gestión del cambio institucional, en coordinación con los mecanismos especializados para la implementación tecnológica, la gobernanza de datos, la interoperabilidad y la confianza digital.
El análisis evidencia que la República Dominicana presenta un patrón característico de las economías digitales en transición: las principales oportunidades ya no se concentran en incorporar nuevas tecnologías, sino en integrar, escalar y hacer sostenibles las capacidades existentes. Para avanzar hacia ese objetivo, el estudio propone un Plan de Acción orientado a consolidar la Plataforma Nacional de Interoperabilidad como eje estructural del Estado digital; avanzar hacia una identidad digital interoperable y universal; fortalecer los pagos digitales como infraestructura pública; desarrollar capacidades digitales en el servicio público y en la ciudadanía; e incorporar, desde el diseño, la protección de datos, la ciberseguridad y las salvaguardas de la infraestructura pública digital.
Asimismo, el estudio resalta que la transformación digital del Estado trasciende la digitalización de trámites y la incorporación de nuevas tecnologías. Implica rediseñar la gestión pública mediante procesos integrados, servicios centrados en las personas y una toma de decisiones basada en datos, fortaleciendo la interoperabilidad institucional, la profesionalización del servicio público y la incorporación de criterios de accesibilidad, usabilidad, enfoque de género e inclusión.
El diagnóstico se complementa con un Plan de Acción para las Salvaguardas, que prioriza las acciones necesarias para fortalecer la gobernanza, la interoperabilidad, la protección de datos, la ciberseguridad y la confianza digital como pilares de una Infraestructura Pública Digital sostenible. En conjunto, el DRA y el Plan de Acción constituyen una hoja de ruta para consolidar un Estado más articulado, transparente y eficiente, capaz de ofrecer servicios públicos digitales de calidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía.
“Voluntad política”
En sus conclusiones, el estudio presentado por el consultor del PNUD Osvaldo Larancuent, reseña que estos avances evidencian una voluntad política sostenida y una creciente apropiación de tecnologías digitales por parte de instituciones públicas, empresas y ciudadanos; asimismo, reflejan la existencia de capacidades habilitantes que permiten escalar iniciativas existentes hacia modelos más integrados de prestación de servicios digitales de calidad.