El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el Plan Nacional de Infraestructura de República Dominicana, un documento de análisis de los principales retos y acciones a implementar para lograr una mayor penetración de los servicios de banda ancha en el país caribeño, y a la vez para tener una economía más preparada para la salida de la Covid-19.
En el país existen 7.5 millones de cuentas de Internet y 8.9 millones de líneas de telefonía móvil, aunque hay que aclarar que por causa del alto costo que poseen los servicios de telecomunicaciones, no todas las líneas cuentan con acceso a banda ancha.
No obstante, según el informe, la baja penetración que tiene República Dominicana de los servicios de banda ancha no se debe únicamente a cuestiones de altos precios, sino que se debe principalmente a la falta de cobertura en localidades menos pobladas: La población total del país es de 9.4 millones de personas, pero 60 por ciento de ella reside en sólo 28 de los 386 municipios y distritos municipales.
En un escenario base, el plan propone llevar conectividad al 66 por ciento de los sitios públicos educativos y al 60 por ciento de los sitios de salud que están cerca de la infraestructura dorsal existente, con una inversión de 60 millones de dólares. En un escenario intermedio se necesitará ampliar la red dorsal para cubrir el 75 por ciento de los sitios públicos de educación y salud, con una inversión de 77 millones de dólares. Mientras que un escenario máximo requeriría una inversión de 109 millones de dólares para conectar el 95 por ciento de los sitios.
El informe también recomienda que el país debe revisar la política de precios del espectro para lograr un balance entre los objetivos de cobertura y la recaudación fiscal. “Una reducción en los precios del espectro podría repercutir en el crecimiento de la cobertura y en la disminución del precio de los servicios para los usuarios finales”, sostiene el estudio.
También propone que desde el Indotel se promueva e incentive la compartición de infraestructura para llegar a las poblaciones con menor densidad poblacional. Otra medida importante tiene que ver con la promoción de las asociaciones público-privadas, a través de proyectos de política pública, para impulsar la cobertura de las zonas que hoy se encuentran desatendidas.
Otra medida, indica el estudio, podría ser establecer normas y reglamentos para el aprovechamiento no discriminatorio y neutral de otras infraestructuras pasivas (carreteras, torres y postes de energía eléctrica, oleoductos y gasoductos, inmuebles de propiedad del gobierno y vías de ferrocarril, entre otras). Asimismo, es necesario promover la migración de infraestructura 2G y 3G a la de 4G.
A largo plazo, el proyecto del BID considera que la política sectorial debería contar con visión de futuro con criterios de sostenibilidad, que haya mayor articulación intersectorial y de público-privada, y que se cree un área en el regulador con la participación de Optic y los operadores, cuya tarea sea la de evaluar la eficiencia y la calidad de la infraestructura, y que a partir de esto sea capaz de desarrollar innovaciones en el diseño y gestión de esta infraestructura.