Brasil podría tener una ley que prohíbe el uso de recursos públicos para monitorear o vigilar manifestaciones en redes sociales de legisladores, periodistas o cualquier ciudadano.
Y es que la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de servicios de monitoreo de redes sociales para espionaje, vigilancia o intimidación.
El proyecto de ley en Brasil fue propuesto por el diputado Júnior Mano, cuyo principal objetivo es preservar la libertad de expresión garantizada en la Constitución federal.
Se informó que el texto aprobado fue la versión presentada por el ponente, diputado Gilvan Máximo, pero se modificó la propuesta para eximir de la prohibición las investigaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público.
“El monitoreo de parlamentarios, periodistas y ciudadanos, cuando está motivado por intereses políticos y sin respaldo legal específico, representa un grave atentado al pluralismo político, a la libertad de prensa y al pleno ejercicio de la ciudadanía”, comentó el diputado Gilvan Máximo.
De acuerdo con la propuesta aprobada en Comisión, además está prohibido realizar informes sobre las actividades de parlamentarios, periodistas y ciudadanos en las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.
Asimismo, la ley contempla la prohibición del uso de datos que se obtengan mediante acciones de vigilancia, con el objetivo de influir o adoptar decisiones administrativas, políticas o de cualquier otra índole.
Incluso contempla que se pueda restringir el acceso a la información de seguimiento por parte de las personas supervisadas o del público en general, salvo en casos de seguridad nacional debidamente justificados y fundamentados.
“Los organismos públicos responsables de la comunicación y publicidad gubernamental deberán actuar exclusivamente para difundir los programas del gobierno federal y los derechos de los ciudadanos, además de incentivar la participación de la sociedad en el debate público y promover el país en el exterior”, agrega la iniciativa.
De acuerdo con el comunicado, el proyecto se encuentra en trámite concluyente y ahora será analizado por las comisiones de Administración y Servicio Público; y Constitución y Justicia y Ciudadanía.
Para convertirse en ley, la medida necesita ser aprobada por diputados y senadores.