En el Proyecto de Ley (PL) 2,768/2022, presentado por el Diputado João Maia (PL-RN), más que proponer una regulación sobre las grandes empresas tecnológicas (Big Techs), tiene la intención de otorgar a la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) el papel de fiscalizadora. Pero, ¿está dentro del alcance de la Agencia esta competencia?
El consejero de la Anatel, Alexandre Freire, dice que sí, mientras que el profesor y ministro del STE, Floriano de Azevedo Marques Neto, afirma que no.
Aun debatiendo sobre el Fair Share, que tuvo un gran protagonismo en las discusiones del Panel Telebrasil Summit 2023, el diputado João Maia, autor del Proyecto de Ley, argumenta que el texto sugiere a la Anatel como el organismo regulador de las Big Tech debido a que las comunicaciones en Brasil han evolucionado, al igual que la actuación de la propia Agencia. Además, afirma que es “más barato, fácil y eficiente crear una sección dentro de la Anatel especializada en este tema que crear un nuevo organismo”.
Siguiendo este pensamiento, Freire enfatizó que la Agencia se encarga actualmente de temas desafiantes y que tiene superintendencias que trabajan en temas relacionados con la comunicación digital e Internet, en un enfoque multisectorial, lo cual demuestra que está en condiciones de hacerlo.
“No estoy diciendo que la Anatel pueda abordar este problema complejo sin repensar sus atribuciones o realizar una ‘reingeniería’ institucional y pensar en una nueva política para esta nueva misión”, aclaró. “Pero la Anatel tiene todas las virtudes institucionales para ejercer la competencia de este tema, incluso porque cuando el STF (Supremo Tribunal Federal) emite órdenes para la eliminación de contenido o sitios web, asigna esta tarea a la Anatel“.
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Por su parte, el jurista Floriano de Azevedo argumentó que este debate no es competencia de la dirección de la Anatel, ya que el tratamiento del contenido es una cuestión que va mucho más allá de las competencias del regulador de las telecomunicaciones. “No creo que sea interesante que la Anatel se involucre en la regulación del contenido, ya que estos temas no son concebibles si revisamos los artículos 60 y 19 de la LGT (Ley General de Telecomunicaciones) que tratan específicamente sobre las redes y servicios de telecomunicaciones de extremo a extremo”.
De acuerdo con de Azevedo, la discusión sobre la asignación de esta misión a la Anatel es válida, pero si realmente se lleva a cabo, el regulador necesitará una gran reconfiguración.
Retorno de inversión vs. regulación de contenido
Los ánimos se intensificaron en el debate moderado por Renata Mielli, coordinadora del CGI.Br (Comité Gestor de Internet en Brasil), un organismo que coordina y desarrolla las directrices para el uso de Internet en el país y que se manifestó en contra del Fair Share en la recopilación de aportaciones de la Anatel.
Freire argumentó que el debate en torno a esta cuestión ha sido intencionalmente sesgado cuando el núcleo del problema es el retorno de la inversión.
“Es necesario desvincular la discusión del Fair Share de las cuestiones de contenido, porque hay una necesidad de inversión debido al gran flujo de datos, y ¿quién debería asumir esta inversión? ¿Debería seguir siendo responsabilidad exclusiva de los operadores de telefonía cuando más del 63 por ciento del tráfico pertenece a las OTTs? Creo que el debate actual está sesgado y este sesgo es intencional”, señaló.
Floriano de Azevedo volvió a argumentar que incluso si sólo se considera la contribución justa, el debate se profundiza aún más, ya que un área en gran crecimiento es la telemedicina, que también requiere mucho ancho de banda debido al formato de atención en video. “Es un servicio esencial. ¿También se requerirá inversión en telemedicina?”
Y concluyó diciendo que el Fair Share sería una discusión de última instancia, dadas las cuestiones fundamentales de conectividad en Brasil que, según él, deberían ser prioritarias.
Por su parte, el Diputado Maia dijo que comprende este punto de vista y que el PL no surgió como una oposición a las Big Tech, sino para iniciar el debate sobre la necesidad de su regulación y que las audiencias públicas organizadas por la diputada Any Ortiz buscan encontrar la mejor solución, incluida la posibilidad de no dejar que la discusión termine sin que se tome alguna medida, dada la lentitud de los procesos en la Cámara de Diputados.