- En una nota diplomática República Dominicana insistió en que la inmigración irregular implica para el gobierno una presión económica insostenible en los servicios públicos que son brindados de manera gratuita como la salud y la educación.
Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, ante las reiteradas acusaciones que han realizado autoridades haitianas respecto a las repatriaciones de inmigrantes indocumentados, que incluyen un supuesto racismo de Estado, el Gobierno dominicano consideró propicio reiterar a la comunidad internacional su rechazo a estos señalamientos.
La institución detalló que mediante una nota diplomática remitió al cuerpo diplomático acreditado en el país el documento titulado “Posición dominicana sobre asuntos esenciales de las relaciones con Haití incluyendo la migración”. Asimismo, el texto fue enviado a las misiones diplomáticas dominicanas para ser comunicado a los gobienos y organismos internacionales ante los que están acreditados.
Agregó que este mismo documento fue notificado previamente, el martes 15 de octubre, al Gobierno haitiano por las vías oficiales.
El MIREX explicó que en ambas comunicaciones el Gobierno dominicano rechazó las acusaciones levantadas por autoridades haitianas, asegurando que en el país no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia, ni mucho menos maltratar a personas de ninguna nacionalidad.
El Ministerio agregó que, al respecto, el Gobierno dominicano continúa comprometido con priorizar la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y por ello toma con gran seriedad cualquier denuncia relacionada con estos temas.
“El Gobierno haitiano y la comunidad internacional saben muy bien sobre el esfuerzo que hemos desplegado para que Haití recupere su normalidad. También saben cuál es el impacto que produce el crecimiento descontrolado de las migraciones sobre la economía y la estabilidad de un país. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna muestra de interés de esos dos sectores para respaldar a República Dominicana en sus esfuerzos para alcanzar una mejor gobernanza migratoria. No obstante, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para garantizar nuestra estabilidad”, resaltó en el documento.
La Cancillería dominicana planteó además que el flujo migratorio desde Haití hacia República Dominicana data desde la década de los 80’s y continuó incrementándose en los años siguientes, lo que llevó a que en 1999 ambos gobiernos suscribieran el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre República Dominicana y la República de Haití.
El MIREX recordó que en dicho convenio el Gobierno haitiano reconoció que el Gobierno dominicano tiene legítimo derecho a repatriar a los ciudadanos haitianos indocumentados en el territorio dominicano y en consecuencia se comprometió a “establecer puestos de control migratorio a lo largo de la frontera dominico-haitiana, para evitar el flujo ilegal de sus ciudadanos hacia la República Dominicana”, y a “redoblar sus esfuerzos para dotar a sus nacionales de documentos de identidad haitiana, en el contexto del flujo migratorio potencial hacia la República Dominicana”. En el documento enviado a las delegaciones diplomáticas, la Cancillería invitó a indagar si el vecino país ha cumplido con lo que le corresponde de ese compromiso.
“Desde la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, se decidió implementar una política de Buena Vecindad hacia Haití sustentada en tres ejes esenciales: el diálogo, el respeto mutuo y la solidaridad entre los dos Estados, y por ello una de las primeras medidas tomadas fue acercarse al Gobierno haitiano. Esto condujo a que el 10 de enero de 2021, el presidente se reuniera en la frontera con su homólogo, Jovenel Moïse y que juntos ofrecieran una declaración de nueve puntos que instituyó un verdadero programa de colaboración”, indica la nota diplomática remitida, agregando que la agenda acordada por ambos mandatarios se vio truncada con el asesinato de Moïse en julio de 2021, hecho que además marcó un deterioro de la seguridad e institucionalidad en ese país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió en este documento, que la inmigración irregular implica para el Gobierno dominicano una presión económica insostenible en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente como la salud y la educación.
“Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano”, añadió el MIREX.
En esta nota diplomática compartida con la comunidad internacional, la Cancillería indicó que el Gobierno dominicano sigue abierto a un diálogo con Haití el cual ha tratado de sostener por años para beneficiar a ambas naciones.