Bogotá, Colombia.- Faihan Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM Colombia, reconoció que aunque las autoridades regulatorias de telecomunicaciones en el país han logrado avances, aún existen múltiples oportunidades para facilitar e impulsar la inversión en el despliegue de redes.
Alfayez celebró que se realizará una nueva subasta de espectro, pero advirtió que no se requiere únicamente elevar la disponibilidad de este recurso, sino también revisar las condiciones de la subasta, por ejemplo, costos ocultos o indirectos como la indexación o las obligaciones de hacer.
Al respecto, el directivo hizo un llamado al Ministerio TIC para que se respete el criterio de neutralidad tecnológica cuando se establecen las obligaciones de hacer.
Actualmente, los ganadores de espectro deben dar conectividad a escuelas mediante fibra óptica. WOM no cuenta con una red de fibra propia, por lo que tendrá que recurrir a un tercero para cumplir con las obligaciones adquiridas en la subasta de espectro, a pesar de que se podrían utilizar otras tecnologías para dar conectividad a las escuelas, indicó.
Alfayez criticó también otras condiciones de la subasta, como la exigencia de un mínimo de ancho de banda que es difícil cumplir en ciertas localidades; que se establecieron precios diferenciados entre bloques de espectro de 10 MHz en la banda de 3.5 GHz; que no se haya subastado la totalidad de dicha banda, lo que provoca escasez artificial; y que se vayan a incluir múltiples metodologías que sólo añaden más complejidad al proceso.
Redes privadas para conectividad industrial
Jorge Antonio Yepes Vélez, gerente de Regulación de EPM, resaltó que es importante que el gobierno colombiano avance en una regulación que facilite el despliegue de redes privadas para habilitar conectividad y nuevos casos de uso para la transformación digital del sector industrial colombiano.
En particular, se refirió al proyecto de EPM que planea instalar sistemas de medición eléctrica avanzada, el cual requiere de la instalación de una red privada inalámbrica. Celebró que este año el gobierno emitió la resolución 638 que permite el lanzamiento de programas piloto en 5G y que incluye la reserva de un bloque en la banda de 900 MHz.
Además, consideró que también se debe facilitar la compartición de espectro de modo que se incremente su uso y aprovechamiento.
Destacó que este tipo de casos de uso habilitados por nuevas tecnologías inalámbricas permiten generar eficiencias y reducción de costos que se trasladan al usuario.
Diagnóstico y ejecución de política pública para conectividad
Durante el foro Colombia 5G, representantes de los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil expusieron su experiencia respecto a la emisión de política pública para fomentar la conectividad inalámbrica, que incluyen desde obligaciones de inversión a los operadores ganadores de espectro, regulación que facilite el despliegue, hasta fomento a la colaboración con la industria privada.
Gabriel Jurado Parra, viceministro de Conectividad del MinTIC de Colombia, destacó el trabajo que se ha hecho para mejorar el despliegue y operación de las redes troncales para que puedan mejorar su capacidad y capilaridad requeridas para llegar a todo el país.
A su vez, estas se pueden utilizar para mejorar las redes regionales y, finalmente, habilitar las comunidades de conectividad que permitirá alcanzar zonas no cubiertas por la iniciativa privada.
Jurado destacó la importancia de brindar conectividad a escuelas y comunidades, ya que cerrar la brecha digital permitirá también cerrar otras brechas de pobreza y de conocimiento.
William Zambelli, asesor de Política Sectorial de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones de Brasil, hizo una revisión de las iniciativas del gobierno, como haber establecido obligaciones de inversión en la pasada subasta de espectro, que incluyen iniciativas como brindar 5G a 5 mil 500 sedes municipales hacia 2029 y ampliar la conectividad a las escuelas públicas del país. Estas se complementan con las iniciativas introducidas en el Plan Nacional de Conectividad Digital, con políticas centradas para mejorar la conectividad, disponibilidad de dispositivos y capacidades entre usuarios de bajos recursos.
Abel Mellado, director General de Políticas y Regulación en Comunicaciones de Perú, identificó que ciertas poblaciones enfrentan retos adicionales para cubrir la brecha de conectividad, como la falta de servicio eléctrico para cerca de 6 millones de habitantes en el país, a la vez que muchas poblaciones tienen menos de 500 habitantes, lo que dificulta la sostenibilidad de las inversiones.
En ese sentido, señaló que entre las iniciativas del gobierno se incluyen promover inversiones, la cooperación de inversión pública y privada, y redireccionar los pagos por espectro a inversión, así como definir nuevos modelos de red a incorporar –por ejemplo, no sólo macroceldas, sino la incorporación de small cells para atender esas poblaciones de 500 habitantes–.
Por otro lado, indicó que se fomenta el programa de Operadores de Inversión Móvil Rural (OIMR), que incluye modelos de compartición de infraestructura, a la vez que se explora el uso de “burbujas regulatorias”, que permitan dar una regulación diferenciada en áreas rurales.
Finalmente, Sandra Ortiz, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de Externado, indicó que la academia también puede aportar a cerrar la brecha digital mediante la evaluación y seguimiento de los programas, con lo cual se pueden dar recomendaciones a las hacedores de política pública.
Consideró que también es importante ofrecer conectividad con un propósito, y enseñar a las personas para qué sirve y cómo la pueden aprovechar para mejorar su vida y hacer más eficientes los procesos productivos.